Pánico a la nacionalización

Todos los gobiernos que ha tenido el Estado español tras la muerte del dictador han tenido un sospechoso pánico a nacionalizar. Se ha dado dinero a fondo perdido a empresas privadas argumentando la importancia de conservar los puestos de trabajo a cambio de nada. Nissan, por ejemplo, solicitó ayudas bajo el gobierno catalán de Montilla para evitar el cierre en Catalunya. Visto que les salía bien, ha seguido con el chantaje a trabajadores y administraciones hasta que el gobierno y la Generalitat de Catalunya ofrecieron a Nissan 100 millones de euros de los 400 totales que costaría traer un nuevo vehículo a Catalunya para evitar el cierre. Son éstas un par de muestras de todo el conflicto Nissan, en el que se echado a faltar valentía por parte de ambos ejecutivos. 125 millones de euros les han dado y, a la hora de devolverlos, Nissan baja la persiana.

A manos llenas y sin criterio político alguno, se ofrecen ayudas a grandes empresas. Es muy delicado tirar de fondos públicos para destinarlos a una empresa privada aunque se condicione a su devolución: al contrario, es la mejor manera de que cierren. Para empezar, es dinero de todos y comporta socializar pérdidas. Si socializamos pérdidas justo es que socialicemos ganancias. No me refiero al caso Bankia, ante cuyo rescate debe responder el ciudadano. Para cometer esas atrocidades políticas -sin previa consulta a la ciudadanía, que es a quien se endeudó desde el gobierno- más vale quedarse en casita por admitir que la política funcionará mejor sin uno.

Por un lado, en el caso de las ayudas, se deberían emitir acciones en favor de lo público por el importe procedente de lo público. De esta manera, más de un grupo empresarial se lo pensaría dos veces a la hora de pedir ayudas. A la vista está que Nissan está administrada o por incompetentes, que por dinero que se inyecte siempre acaban fracasando, o por malabaristas contables, que maquillan la situación para que ello les permita seguir embolsándose dinero público que no van a devolver.

Por otro lado, hay empresas que son viables sobre las que habría que plantearse políticamente la nacionalización para arrancar beneficios hacia la economía de lo público, conservar empleos y abaratar costes de los servicios. Las compañías de luz, agua, gas y telefonía deberían ser públicas. Sus beneficios engrosarían los fondos públicos, permitirían la reducción del coste de la vida de las personas e incluso serían bienvenidas por empresas que buscan una reducción de costes. Es muy fácil llevarlo en un programa político pero de ahí a cumplirlo hay un trecho. Si queremos rescatar a las personas, al estado y a las empresas se debe partir de políticas valientes y éstas comienzan por conseguir que el estado sea un actor determinante en la economía del país. Lo contrario es regalar al capital el protagonismo empresarial, sino el país entero.

Precisamos un sistema económico donde el Estado sea más intervencionista ante el capitalismo salvaje empresarial. De lo contrario, se recurre a lo de siempre: recortes en lo público y recortes en salarios. Pero para ello se precisa valentía, competencia política en el plano económico y hace falta querer hacerlo.