Caso Vaticano: perro no muerde a perro


El escándalo en el Vaticano no es más que la punta del iceberg de la corrupción que existe en la Iglesia Católica. Afortunadamente, Angelo Becciu, Cecilia Marogna y una decena de personas de la Curia deberían enfrentarse a varios años de prisión por malversación de fondos y abuso de poder en un escándalo que incluye complicidades con el espionaje, paraísos fiscales y un agujero de más de 400 millones de euros que debían destinarse a los pobres. La forma cómo se plantea la primera vista parece ser que se abre causa para que conste lo sucedido pero con poco ánimo de penalización: el Papa, que es el legislador del Vaticano, denuncia a través de APSA y Banco Vaticano -ante quienes hay que justificar el estado de cuentas- . El avance de las excusas por la parte fiscal por si se han equivocado encausando se delatan por sí mismas. Perro nunca muerde a perro.

El mayor gran juicio a la Santa Sede por corrupción que comienza esta semana sienta en el banquillo a diez jerarcas de la Curia, entre ellos el cardenal Angelo Becciu, quien debería acabar en la cárcel si se demuestra la malversación de fondos y soborno duran su época como segundo de la secretaría del Estado Vaticano. Ésta es la primera vez que se encausa a un miembro del Colegio Cardenalicio, cuya actuación pudo causar un agujero en las arcas vaticanas que los expertos estiman en más de 400 millones de euros. También esta en el baquillo el bróker Gianluigi Torzi, a quien se le acusa de haberse quedado con una comisión de 15 millones de euros por la compra-venta del palacio londinense de Sloane Avenue. La comisión supuestamente entregada por Becciu al bróker representa sólo un 10% de la cantidad que Becciu habría aprobado sacar de los fondos del Óbolo de San Pedro. El Óbolo de San Pedro es el dinero que los católicos de todo el mundo ofrecen al Papa para obras de caridad. El Óbolo -que recauda el Vaticano- siempre se entrega el dia 29 de junio, dia de San Pedro y San Pablo. Este año, medios vaticanos informan de que el Óbolo será entregado más tarde echándole el muerto del retraso a la pandemia. Hace falta cinismo para no dar la cara en los propios medios vaticanos en su día, sabiendo que el tema iba a aflorar a modo de exclusiva, en el semanario L’Espresso y, por ende, se sabría que el Vaticano ha sido incapaz de custodiar responsablemente las donaciones de sus fieles.

Junto a ellos también comparece como acusado el ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF), René Brülhart, quien tenía como obligación vigilar la legalidad de las inversiones vaticanas y a quien la Fiscalía acusa de abuso de funciones, al igual que a su mano derecha, Tommaso di Ruzza. Otro implicado es monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión.

También comparecen los antiguos responsables de las inversiones de la Secretaría de Estado, como Enrico Craso, procesado por malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados. Está acusado Raffaele Mincione, el broker que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo que poseía el palacio londinense. Mincione utilizó ese dinero con posterioridad, presuntamente, para inversiones especulativas y blanqueo de dinero.

Se acusa también a Nicola Squillace, abogado implicado en las negociaciones. Se señala a Fabrizio Tirabassi, el funcionario secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado, quien desempeñó un papel destacado en el asunto: acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones. También a Cecilia Marogna, la amiga de Becciu, quien recibió más de medio millón de euros de la Secretaría de Estado por trabajos relacionados con supuestas negociaciones para la liberación de misioneros secuestrados, así como para la creación de una red diplomática paralela a la oficial de la Santa Sede. De ese dinero, cerca de 200.000 euros fueron utilizados para la compra de artículos de lujo en marcas como Prada, Tod’s o Chanel.

El Óbolo, el dinero para los pobres, destinado a fondos de inversión

Según el escrito de la Fiscalía, de casi 500 folios, se compró un complejo en el número 60 de la avenida Sloane, en el barrio londinense de Chelsea, a través del fondo Athena Capital. A este fondo se hicieron hasta siete ingresos de 200 millones de dólares procedentes del Óbolo. El promotor de justicia fiscal vaticana estima que sólo al palacio londinense se han destinado unos 454 millones de euros mediante “esquemas totalmente anormales”.

Otro fondo, el Centurión, con sede en Malta, pudo utilizar casi 71 millones de euros del Vaticano en inversiones en empresas como la juguetera Giochi Preziosi, la producción de películas como Rocketman o Men in Black, o la adquisición de un inmueble en Roma por 13 millones de euros bajo el falso concepto de que era una inversión en el hospital Bambino Gesù.

El hospital pediátrico Bambino Gesù es un hospital de niños, ubicado en Roma. Cumple su función institucional cristiana prestando servicios públicos en el ámbito sanitario. Fundado en 1869, es ahora parte de la red del Sistema Nacional de Salud en la ciudad de Roma, ubicado en el área extraterritorial administrada por la Santa Sede. Desde 1980, debido a su prestigio y al fortalecimiento de sus relaciones con el Sistema Nacional de Salud de Italia, se ha convertido en un punto importante de referencia para la pediatría a nivel nacional.

Becciu, fratelli e amici: completamente organizados

La fiscalía vaticana analiza al cardenal Becciu y los pagos que la Secretaría de Estado y la Conferencia Episcopal Italiana otorgaron a varias empresas, entre ellas una cervecera, propiedad de uno de los hermanos del cardenal Becciu. Un subterfugio similar utilizó el cardenal para ayudar a amigos en las nunciaturas de Cuba o Angola, así como unas obras “escandalosas” -según la fiscalía- en la Nunciatura en Egipto, facturadas por la carpintería de otro hermano de Becciu. También se prestó dinero para la compra de un apartamento en Roma para la sobrina del cardenal Becciu, Maria Luisa Zambrano, según publica L’Espresso.

En lo que se refiere al edificio de Londres, la fiscalía estima que Becciu pudo participar en dos de las ofertas de recompra del edificio, por importe de más de 350 millones de euros. Parece probada la autorización del cardenal para la inversión de 200 millones de dólares del Óbolo de San Pedro en el fondo Athena “sin un mínimo de garantías y, sobre todo, sin ningún control para evitar que las ofrendas de los fieles pagadas para subvencionar obras de caridad se utilizaran para financiar temerarias incursiones especulativas”, según el informe de Fiscalía.

La primera sesión de la vista

Según religiondigital.org, la vista, presidida por Giuseppe Pignatone -con los jueces Venerando Marano y Carlo Bonzano- duró siete horas, desde las 9.41 hasta las 16.45, en presencia de una treintena de abogados, periodistas, gendarmes y sólo dos de los diez acusados: monseñor Mauro Carlino, en la sala a primera hora de la mañana y el cardenal Giovanni Angelo Becciu, ex vicesecretario de Estado, acusado de malversación, abuso de funciones también en grado de complicidad y soborno.

Becciu, cuyas prerrogativas del cardenalato fueron revocadas por el Papa en septiembre de 2020, recordó -al final de la vista- que siempre ha sido “obediente con el Papa que me envió a juicio”, diciendo que estaba “sereno”: “Confío en que los jueces podrán ver los hechos y mi gran esperanza es que reconozcan mi inocencia”. También anunció que ha dado instrucciones a sus abogados para que demanden a Monseñor Alberto Perlasca y a Francesca Immacolata Chaouqui por calumnias.

Al comienzo de la vista, Pignatone anunció la ampliación del plazo para la presentación de pruebas y solicitudes de las respectivas defensas y añadió al juicio principal la posición del ex presidente de la AIF (ahora Asif), René Brülhart, quien, a través de su abogado, dijo que se le había impedido acudir a Zúrich pero que estaba de acuerdo con la continuación del juicio.

Abanico de excusas de los defensores

Pignatone dio entonces la palabra a los abogados defensores, quienes abieron un abanico de excusas: el de Cecilia Marogna -la gerente de Cagliari, que no estaba presente- presentó una solicitud de aplazamiento y de escisión, alegando que la DIS (Departamento de Inteligencia de Seguridad) había ordenado una investigación y, por lo tanto, la audiencia de Marogna sobre la base de una denuncia presentada por ella, relacionada con la solicitud a la Secretaría de Estado, a la OTAN y al Estado italiano de ser liberado del secreto.

Un letrado de Torzi presentó una copia de la solicitud de “impedimento legítimo” de su cliente para asistir a la vista puesto que Torzi es el destinatario de una medida cautelar, que incluye también una pulsera electrónica, dictada el 28 de abril de 2021 con una solicitud de extradición de Gran Bretaña: “No puede moverse de Londres”, dijo el abogado. El otro abogado respondió: “aunque Torzi recibiera la autorización del juez británico para acudir al tribunal, sería detenido en el aeropuerto de Fiumicino. La defensa insistió entonces en el aplazamiento: “No es de interés para esta defensa celebrar un juicio por su cuenta”.

La intervención del defensor del financiero Enrico Crasso y de sus tres empresas (Prestige Family Office Sa, Sogenel Capital Investment, Hp Finance) duró más de una hora. El primero se refiere a la constitución de una acción civil por parte de la APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica) y el IOR (Instituto para las Obras de Religión, conocido como Banco Vaticano) que, según el abogado, sería “inadmisible” porque presentaron “una fórmula genérica” con la petición de indemnización por daños patrimoniales y no patrimoniales, incluido el daño a la imagen, sin explicar los motivos. Declaró entonces que: “No es posible que se constituyan tres partidos que expresen el mismo Estado y que cada uno pida una indemnización. El riesgo es triplicar la indemnización”. El abogado se quejó entonces de la falta de “numerosos actos” -entre los 28.000 documentos depositados- que hasta la fecha no estarían a disposición de los acusados o serían ilegibles, entre ellos nueve memorias USB con extractos bancarios y documentos bancarios en Suiza. El abogado también señaló que no se había dado a los acusados el tiempo necesario para preparar su defensa.

También destacó una falta de jurisdicción sobre los delitos de blanqueo de dinero y autoblanqueo imputados a Craso y sus empresas en el extranjero y no en el territorio del Vaticano. Por último, impugnó que, en virtud de un Rescriptum del 2 de julio de 2019 del Papa Francisco, se autorizara a la oficina del Promotor de Justicia a proceder en las formas del rito sumario y a tomar medidas, incluso cautelares. Según el abogado, un Rescriptum es un “acto administrativo”, por lo que “la duda está en si un acto administrativo puede derogar la legislación vigente”. Otros tres rescriptos del Papa habrían introducido procedimientos penales “sólo para este juicio”, lo que, según el abogado de Craso, convertiría al Vaticano en “un Tribunal especial”.

Todos los demás abogados se unieron a las súplicas del abogado de Craso, solicitando que se declarara la nulidad del auto de prisión. El defensor de Fabrizio Tirabassi, ex funcionario de la Secretaría de Estado, señaló que en las actas faltaba documentación relativa a su cliente, como el decreto de registro e incautación que tuvo lugar en octubre de 2019 en la Secretaría de Estado y el informe pericial sobre las herramientas informáticas de Tirabassi: “El contenido fue extraído sin que se nos consultara”. Y ha recordado que se incautó dinero en el domicilio de Tirabassi y de su padre que, según el abogado, no habría sido “embargable, porque estaba allí antes de 2013”. Además, el abogado señaló que falta el expediente del Tribunal de Reexamen de Roma, que había establecido la ilegalidad de la incautación y la devolución de los bienes a sus propietarios.

El defensor de monseñor Carlino argumentó que su cliente había sido acusado de “delitos completamente diferentes a los que figuran en la acusación”. El abogado del cardenal Becciu se quejó de la falta de grabaciones el primer interrogatorio del 31 de agosto de 2020, al que el monseñor compareció voluntariamente y sin abogado defensor.

Por otro lado, el defensor del corredor Raffaele Mincione, dijo que en los actos “casi por casualidad” se enteraron de la existencia de una orden de detención emitida el 19 de junio de 2020 contra Mincione.

En definitiva, denuncia el Papa a través de APSA y la Banca Vaticana. Las cuentas deben cuadrar. El Papa también es legislador.

Las observaciones de los abogados fueron contestadas por Paola Severino, ex ministra de Justicia italiana y abogada del demandante civil de la Secretaría de Estado, quien reiteró la legitimidad de la incorporación de APSA como demandante civil en virtud del Motu propio del Papa del 26 de diciembre de 2020, que transfirió los fondos e inversiones de la Secretaría de Estado a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. “En el caso de las indemnizaciones a la Secretaría de Estado, que ya no son titulares de bienes, se temía que hubiera excepciones de legitimidad. De ahí la creación de la Apsa”. En cuanto al hecho de que el Vaticano sea un “tribunal especial”, la profesora reiteró la “fuerte connotación moral” del proceso en curso y, en varias ocasiones, sobre la validez de los rescriptos del Papa, subrayó que “el Papa es el legislador, como ha ocurrido en todos los procesos en el Vaticano”.

También estuvo presente en la sala, en nombre del IOR, el abogado Roberto Lipari, quien subrayó que el Istituto per le Opere di Religione es una “parte perjudicada”: “La tarea del IOR es salvaguardar los bienes destinados a obras religiosas y caritativas. El uso ilícito de los activos del IOR está perjudicando la capacidad del IOR -que no forma parte ni de la Santa Sede ni del Estado de la Ciudad del Vaticano- para establecer nuevos contactos y relaciones”.

Por su parte, el promotor de justicia- equivalente a un fiscal- Gian Piero Milano retomó el tema del Rescripto Papal que, según explicó, es un acto que expresa “el poder supremo” del Papa: “Si miramos este proceso con las gafas del jurista, tenemos una visión deformada de este orden y podemos atribuir significados no conformes del orden civil”, aclaró. En referencia al “carácter especial” del Tribunal del Vaticano para el juicio en curso, dijo en cambio: “Se convertiría en un Tribunal especial si se arrogara la prerrogativa de revisar actos que son la expresión de un poder alejado de toda evaluación”.

Importa el gesto público de llevarlos a jucio, no la condena: asoma la primera excusa del auxiliar del promotor de justicia (fiscal)

El promotor adjunto, Alessandro Diddi, dio una respuesta más amplia, empezando por decir: “Si hemos cometido errores, estamos dispuestos a enmendarlos”. A continuación, respondió, punto por punto, a cada una de las objeciones de los abogados. En primer lugar, dejó claro que la defensa no debe basarse en las diferencias entre el sistema italiano y el vaticano: “Aclaremos las reglas: referirse continuamente a un sistema que no es el vigente distrae la atención de lo que vamos a hacer desde aquí en los próximos meses”. Reiterando la eficacia de los rescriptos del Papa, Diddi explicó que fue precisamente en base a esta disposición papal que se emitió la orden de arresto contra Torzi y Mincione. Esta última orden se dictó porque en esos días de junio de 2020, en una fase “crucial” de la investigación, hubo “un intento de engañar” a los dos corredores. “Pensamos que debíamos intervenir con medidas cautelares”.

El promotor adjunto también explicó que todo el material informático incautado está actualmente guardado en una caja fuerte en el despacho del Promotor de Justicia y que si no se han producido algunas actas es porque son las leyes vigentes las que establecen que se pueden archivar actas de procedimientos y no actas incautadas: “El único material que no se puede adjuntar es una cantidad enorme de material informático guardado en una casita, un palacio, en una habitación llena de aparatos”. No obstante, Diddi reiteró su disposición, previa autorización del tribunal, a reproducir cualquier documentación que se le solicitara. Por último, dijo estar orgulloso de que “en un año y medio de investigaciones, no ha habido ninguna fuga de información”.

Orden de detención contra Mincione y los ausentes serán juzgados en rebeldía, salvo Torzi, Becciu y Carlino

Tras una hora y veinte de sesión del consejo, el presidente Pignatone revocó la orden de detención del Vaticano contra Mincione y se reservó el derecho a decidir sobre las excepciones y peticiones de los abogados. A continuación, dictaminó que todos los ausentes en la primera vista fueran juzgados en rebeldía, a excepción del corredor Gianluigi Torzi, que no asiste por impedimento legítimo, del cardenal Becciu y de su antiguo secretario Carlino.

El juicio no ha hecho más que comenzar pero la primera vista da qué pensar puesto que parece que predomina el interés del Vaticano en aflorar la situación -los números deben cuadrar- y llevar a cabo un teatrillo judicial hacia los señalados como responsables que un proceso judicial de cabeza a pies con voluntad punitiva. Parece que sólo nos muestran la punta del iceberg, sacrificando cabezas de turco, pero me pregunto hasta dónde y hasta quiénes llega la responsabilidad, aspecto que sólo se podría dimensionar si el caso estuviera en manos de un tribunal civil. O en manos de Dios, diría un creyente. Quizás a las más altas instancias ya les interese disponer de un Vaticano paralelo. Pero mientras el tema esté en manos de un tribunal vaticano, es inevitable pensar que perro no muerde a perro.

Publicado por neusagullo

Periodista de profesión, mi pasión es escribir en todos los soportes posibles: online -blog y redes sociales- y offline. Apasionada por la Comunicación, el Marketing, la Relación Pública y Organización de Eventos. Asimismo, dedico tiempo a la Literatura.

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