Eutanasia: con los rancios hemos topado


La recién aprobada Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, que regula la eutanasia en el estado español entró en vigor el pasado viernes 25 de junio de 2021. Ello exigió modificar la parte de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal que contempla las penas para quienes apliquen eutanasia, penas que se han aplicado a los familiares que hayan colaborado a la eutanasia de un ser querido antes de la entrada en vigor de la reciente ley de eutanasia. Concretamente, de la L.O. 10/1995, se ha modificado parte del artículo 143 : una parte del apartado 4 y se ha añadido un apartado 5. Así, no incurrirá en responsabilidad penal quien cause o coopere activamente en la muerte eutanásica de otra persona, cumpliendo lo establecido en la ley de la eutanasia.

Caso “frontera”: Ángel Hernández

Ángel fue detenido en Madrid en 2019 por facilitar a su mujer una sustancia para ayudarla a morir. María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple desde 1989 llevaba años pidiendo ayuda para morir. El matrimonio grabó dos vídeos en el que ella expresamente solicita la cooperación de su marido para ingerir la sustancia que le causó la muerte. En el caso de Ángel Hernández, al concurrir una serie de circunstancias que reducen la pena inicial, se pudo acoger a la pena inferior, de modo que la Fiscalía pidió una condena de seis meses de cárcel por delito de cooperación al suicidio bajo la sospecha de violencia de género, que a fecha de hoy no ha resultado probada.

La Fiscalía anunció que no se opondría a que Ángel fuera indultado por el gobierno, en caso de ser finalmente condenado.

Sabedor de que por seis meses no entrará en la cárcel- el acusado se lamenta de que su causa se derivara al juzgado de violencia de género -quien no aceptó el caso por falta de pruebas- y dice que no quiere ningún indulto porque “yo no soy un delincuente”, declaró en entrevista a Público.

Tras la entrada en vigor de la nueva ley de eutanasia, la letrada de Ángel Hernández cree que, de oficio, la Audiencia Nacional puede archivar el caso pero no espera que lo haga y teme que el proceso seguirá con el código penal anterior. Ángel Hernández no ha asistido a la concentración para la celebración de la entrada en vigor de la ley de eutanasia.

¿Por qué se regula la eutanasia por Ley Orgánica?

El ordenamiento jurídico dispone de diversas normas escritas, siendo las más importantes: la Constitución, las leyes (orgánicas, ordinarias, de bases…), las leyes y disposiciones del gobierno con rango de ley, como los reales decretos y los reales decretos legislativos, leyes de las comunidades autónomas y los reglamentos, ya sean reales decretos, órdenes ministeriales, resoluciones, instrucciones y circulares así como los reglamentos emanados de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Además de la legislación de los municipios.

Los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución se desarrollan mediante leyes orgánicas. No es el único motivo para que sea ley orgánica pero sí todos los derechos fundamentales deben desarrollarse y regularse mediante ley orgánica.

Por su naturaleza, las leyes orgánicas deben ser aprobadas por mayoría absoluta o algún tipo de mayoría cualificada, no sirviendo la mayoría simple.

Esta búsqueda de grandes mayorías se establece para garantizar el más amplio consenso en las Cortes, sean los que sean los partidos a implicar.

Precisamente porque se trata de derechos. De ahí que Sánchez -respecto de los indultos, por ejemplo- esgrima como uno de los argumentos para indultar a los presos independentist@s catalan@s la importancia de las todas las fuerzas políticas independentistas tal y como está configurado el tetris del Congreso. Las fuerzas políticas independistas presentes en las Cortes son necesarias para llegar a amplias mayorías, por ejemplo.

De lo contrario, sin ellas y dada la tendencia de los partidos y la aritmética resultante del hemiciclo no se podrían aprobar, por ejemplo, leyes orgánicas -la de la eutanasia es sólo un ejemplo de ellas- lo cual equivaldría a no poder realizar la regulación detallada de un derecho fundamental y quedaría bloqueado un hipotético desarrollo de derechos fundamentales en las leyes orgánicas pertinentes, la democracia no sólo no avanza sino que queda bloqueada teniendo como referente legislación antigua. Una democracia que no evoluciona desarrollando legalmente los derechos fundamentales de los ciudadanos dista mucho de considerarse como tal. Uno de los factores que hacen indispensables a las fuerzas independentistas para votar en el hemiciclo leyes orgánicas propuesta por el PSOE es la poca cultura del pacto entre oposición y gobierno para aprobar leyes que precisan grandes mayorías.

Contenido de la ley

La ley orgánica introduce en el ordenamiento jurídico español la eutanasia como un nuevo derecho individual, entendida como “la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”.

Con esta Ley se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en ella a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir, que podrá revocar en cualquier momento, y que estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.

Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla todos los requisitos establecidos: tener nacionalidad española, residencia legal en España durante más de doce meses, ser mayor de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud; disponer por escrito de información sobre el proceso médico y las diferentes alternativas, así como los servicios y prestaciones de atención a la dependencia; haber formulado dos solicitudes de forma voluntaria con una separación de al menos quince días naturales; sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable y prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir.

En los casos los que el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes, siempre que haya firmado anteriormente un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de que el paciente haya nombrado un representante en ese documento, este será el interlocutor válido para el médico responsable.

Esta norma también recoge la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. Entre las funciones de este órgano se encuentra la de “verificar de forma previa y controlar a posteriori el respeto a la Ley y los procedimientos que establece”.

La composición de cada Comisión de Garantía y Evaluación tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas. Además, cada una de ellas deberá crearse y constituirse en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del artículo 17, en el cual se regula su creación y composición.

En la ley se contempla que las administraciones sanitarias competentes habilitarán los mecanismos oportunos para dar la máxima difusión a la misma entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general. Asimismo, difundirán entre el personal sanitario los supuestos contemplados en ella a los efectos de su uso correcto y general conocimiento.

Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia y las administraciones sanitarias deberán crear un registro de estos profesionales objetores, que será confidencial.

Tras su paso por el Senado se han acordado, entre otras modificaciones, introducir un inciso en el apartado 4 del artículo 6, permitiendo que el médico que trata al paciente y que presenta la solicitud de prestación de ayuda para morir pueda acceder al documento de instrucciones previas, al de voluntades anticipadas o documento equivalente.

Asimismo, se modifica el apartado 2 del artículo 7, que regula el plazo para la denegación de la prestación de ayuda para morir, y se establece que el cómputo del plazo para presentar reclamaciones contra dicha denegación debe ser en días naturales.

Por último, también se ha acordado en la Cámara Alta una modificación del apartado 3 del artículo 8, de tal forma que el plazo máximo de diez días naturales que tiene el médico consultor para corroborar el informe del médico responsable queda referenciado a la segunda solicitud de la prestación de ayuda para morir. Además, se introduce en este mismo apartado un plazo máximo de veinticuatro horas para comunicarle al paciente las conclusiones del médico consultor.

Aprobación de la ley de la eutanasia: quién es quién

Se aprobó por 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Votaron a favor: PSOE, Unidas Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, PDeCAT, Más País, Bildu, PNV, Nueva Canarias, Coalición Canaria, CUP y Ciudadanos. En contra: PP, Vox y UPN. Las dos abstenciones proceden de: Ferran Bel -que alegó sus convicciones cristianas- y que forma parte del PDeCAT (el PDeCAT tiene cuatro diputados tras su separación en septiembre de 2020 de Junts, que tiene otros cuatro). También se abstuvo Tomás Guitarte, de Teruel Existe.

Ello sucede cuando un dato del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) demuestra que el 82% de los ciudadanos apuestan por esta ley.

El inminente recurso de VOX fue tumbado por el Tribunal Constitucional y sobre el del PP falta que el TC se pronuncie. La ley de eutanasia en España incorpora no sólo las decisiones tomadas en el Congreso, también las enmiendas del Senado.

Con esta nueva ley, España se sitúa a niveles de los países más garantistas de una muerte digna -como son Holanda, Bélgica y Luxemburgo- que ya contemplan el derecho a decidir, el momento de poner fin a la propia vida o, si se prefiere, en qué condiciones quiere vivir.

L’Associació Dret a Morir Dignament (DMD) celebra la ley que regula la eutanasia y considera que la ley es “un progreso extraordinario en los derechos civiles”, afirma Xavier Gol, coordinador de incidencia política de la entidad.

“Asegurar que la persona toma la decisión libre y voluntariamente es el aspecto que hay que garantizar”, ha matizado Gol. Cristina Vallès, coordinadora de DMD, per ha recordado que ahora son las comunidades autónomas quienes tienen la “responsabilidad” de desplegar la ley.

Afirma que desde el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya están haciendo un “esfuerzo”, e insta a las autoridades a hacer un despligue “equitativo” en todo el territorio que permita “llegar a todo el mundo”.

Vallès ha expresado su preocupación por que la aprobación se produzca en plena pandemia y pide un “refuerzo” de la sanidad pública.

Con la Iglesia hemos topado, Sancho

Si antes de la aprobación de la ley, los grupos Pro Vida se manifestaban para reivindicar que se negara ese derecho a todos los ciudadanos, tras la fecha de entrada en vigor de la ley la Iglesia comunica que sus hospitales y residencias serán zonas libres de eutanasia. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, solicita que se respete la objección de consciencia de sus médicos. El obispo auxiliar de Valladolid desea que se respete el ideario de los centros de la Iglesia, donde se facilitan los cuidados en lugar de la eutanasia.

Faltará ver qué sucede con sus centros que tienen concierto con el sistema público de salud, con pacientes a cargo del mismo puesto que la ley establece que el sistema nacional de salud debe llevar a cabo y asumir la eutanasia, si el paciente lo solicita y se reúnen los requisitos solicitados.

Según el inventario de la Iglesia española divulgado por elDiario.es, en el ámbito socio-sanitario, la Iglesia ostenta la propiedad de 65 hospitales, 56 ambulatorios o dispensarios y 773 residencias de ancianos y discapacitados.

Para no infringir la ley, hospitales y residencias religiosos con pacientes a cargo de la seguridad social deberán contratar a médicos no objectores o bien no admitir a los pacientes susceptibles de la necesidad de la práctica eutanásica. Con la Iglesia hemos topado, Sancho. Como si el paciente pudiera elegir hospital, en la pública….

Publicado por neusagullo

Periodista de profesión, mi pasión es escribir en todos los soportes posibles: online -blog y redes sociales- y offline. Apasionada por la Comunicación, el Marketing, la Relación Pública y Organización de Eventos. Asimismo, dedico tiempo a la Literatura.

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